Aquel 15 de septiembre de 1821, la sesión estaba citada para las ocho de la mañana en el salón principal del Real Palacio. Desde antes de esa hora comenzó a llegar alguna gente, mientras los invitados entraban al edificio. Algunos llegaron a pie, otros en coche o carruaje. Los curiosos los observaban desde la Plaza Mayor y los portales del palacio. La reunión había sido convocada por el señor Jefe Político superior, brigadier don Gabino Gaínza, para tratar "asuntos del mayor interés que pueden ocurrir a la felicidad y tranquilidad pública". El día anterior se había recibido la noticia de Chiapas que la capital de es intendencia y otras poblaciones se habían adherido al Plan de Iguala, firmado por los independistas mexicanos Iturbide y Guerrero. El día antes, viernes 14 de septiembre, había llegado cartas al Real Palacio por las cuales Ciudad Real, Tuxtla y Comitán comunicaban su decisión de separarse de España, uniéndose al Plan de Iguala, promulgado en febrero anterior en el virreinato de la Nueva España. Se trataba, pues, nada menos que de una declaración de independencia de España, puesto que en dicho plan se había acordado la emancipación, proponiendo los mexicanos el trono al propio Fernando VII, y de no aceptarlo, lo podrían asumir, en su orden, "el Serenísimo Sr. Infante don Carlos, el Señor don Francisco de Paula, el archiduque Carlos, u otro individuo de la Casa reinante".

Inmediatamente, el Jefe Político superior de Guatemala se dirigió al ayuntamiento de la ciudad, en el lado norte de la Plaza Mayor (donde está hoy el Palacio Nacional), encontrándose con la novedad que allí también se había recibido la comunicación de Chiapas. Gabino Gaínza tomó entonces la determinación de pasar inmediatamente los documentos en consulta a la Diputación Provincial, la cual, impuesta de tan grave asunto y "por el dominio y ascendiente que ha tenido la opinión de la independencia en todas los ciudadanos", recomendó llevar a cabo una reunión para escuchar el dictamen informativo del arzobispo, así como de individuos del cabildo eclesiástico, dos de la audiencia, dos del ayuntamiento con sus síndicos, los jefes generales de los cuerpos militares, dos del claustro de doctores, dos del Colegio de Abogados, el Auditor de Guerra, el señor Protomédico, el prelado general de cada una de las órdenes religiosas y los curas párrocos de la capital.

El brigadier Gaínza fijó las ocho de la mañana para iniciar la reunión. Por la tarde del mismo viernes 14, se hicieron por oficios las citaciones. Como ya se había divulgado la decisión tomada en Chiapas, los principales vecinos de la capital estaban muy alterados. Así que, de inmediato, cada una de las corporaciones citadas procedió a designar sus representantes. El cabildo eclesiástico nombró a los doctores Antonio García Redondo, deán, y a José María Castilla, canónigo. La audiencia, además del regente, a Tomás O´Horan y a Miguel Larreynaga. El ayuntamiento, al primer alcalde y dos síndico. El claustro de doctores, a don Serapio Sánchez y don Mariano Gálvez. Y el Colegio de Abogados, a don José Francisco Córdova y a don Santiago Milla.

La Sesión General
Sin mayor retraso, se inició la reunión al día siguiente, 15 de septiembre. El ambiente era tenso ante la expectativa de lo que se podría resolver y toda la Junta fue a puerta abierta. Había alrededor de 50 personas en el salón, pero en la antesala y en el corredor se fue juntando cada vez más gente, lo mismo que en el patio, en los portales exteriores y en la plaza misma.

Durante la lluviosa noche anterior, se habían visitado los barrios, a fin de invitar a los vecinos para que asistieran a la reunión. Al principio, el concurso de gente no fue muy numeroso, por lo que don José Basillo Porras y doña María Dolores Bedoya (esposa del doctor médico, don Pedro Molina) fueron a llamar más gente, pusieron música y quemaron muchos cohetes, con lo cual aumentó la concurrencia en el exterior del Palacio.

La sesión comenzó con la lectura de las actas recién llegadas de Chiapas. A continuación, cada unos de los vocales de la junta debían expresar su dictamen por orden de su jerarquía. De allí que correspondiera tomar primero la palabra del señor arzobispo, Dr. Fray Ramón Casaus y Torres, conocido opositor de la emancipación. Su opinión fue que no había por qué resolver en ese momento, sino esperar lo que España decidiera respeto del Plan de Iguala. Desde afuera se oyeron voces acallándolo y hasta profiriendo algunos insultos. Luego hablando el canónigo Castilla y el deán García Redondo, ambos favorables a declarar la independencia. Intervino también el brigadier Gaínza, que se inclinó, aunque vacilante, por hacerlo conforme al Plan de Iguala. Y si bien hubo discrepancias en cuanto a si la emancipación debía declararse adhiriéndose o no al mencionado Plan, todos coincidían en que la opinión general era por la independencia.

Cada vez que uno de los reunidos hablaba en ese sentido, se oían los vítores a través de la puerta y las ventanas abiertas. Y cuando algunos exponían alguna duda o pedía posponer la decisión, sucedía todo lo contrarío. Esta actitud, desanimó fue la que llevaba preparada y argumentó convincentemente el ilustre jurisconsulto José del Valle, la cual tenía la cualidad de satisfacer a la mayoría de ambos bandos. Su punto de vista jurído era que, no siendo la reunión de diputados de todos los pueblos del Reino, no estaban autorizados para decidir forma definitiva. A lo cual agregó que, si bien era conveniente declarar la independencia "para prevenir las consecuencias que serían temibles en caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo", lo que había de resolverse era convocar un congreso cuyos diputados, adecuadamente instruidos, debían de ratificarla y decidir la forma de gobierno y la ley fundamental. A esta propuesta, apenas se opuso uno de los curas párrocos, opinando que no veía necesidad alguna de hacer variación en el gobierno, el cual podía muy bien tomar las medidas de seguridad que convinieran.

Hacia las once de la mañana se procedió a hacer la votación. Dos terceras partes estuvieron en favor de lo propuesto por don José del Valle, conforme a lo cual, mientras se reunía el congreso con los diputados de los pueblos del Reino, continuarían en sus cargos las actuales autoridades.

Los votos en favor los pronunciaron, por la Diputación Provincial, don José Mariano Calderón, el doctor José Matías Delgado, don Manuel Antonio Molina, don Antonio Rivera Cabezas y don Mariano de Aycinena. Por la Audiencia, el regente don Francisco de Paula Vilcehs y los oidores Tomás O'horan, Migue Moreno y Miguel de Larreynaga, los dos representantes del cabildo eclesiástico, los de ayuntamiento y el claustro de doctores, y los prelados superiores de los recolectos y franciscanos.

Los Firmantes del Acta
Gabíno Gaínza, natural de Pamplona (España), José Matías Delgado, natural de San Salvador, Manuel A. de Molina, natural de San Vicente, Mariano de Larrave, natural de La Antigua Guatemala, Mariano de Aycinena, oriundo de La Antigua Guatemala, Mariano de Beltranena, natural de Guatemala, José Antonio de Larrave, natural de La Antigua Guatemala, Pedro de Arroyave, natural de La Antigua Guatemala, José M. Calderón, natural de Zacapa, Antonio de Rivera, natural de Guatemala, Ysidoro de Valle, oriundo de España, José Domingo Diéguez, oriundo de La Antigua Guatemala, y Lorenzo de Romaña, nativo de Mallorca, España.